El calendario marcaba 4 de junio de 2014 y el mapa indicaba que era el sector Palo Redondo, a la altura del kilómetro 490 de la Panamericana Norte, cerca de Virú, en el lugar se encontraban el ingeniero José Murgia Zannier, en ese entonces gobernador regional, Rosario Bazán, expresidenta de la Cámara de Comercio, Ana Claudia Oliveira, gerente general de la Concesionaria Chavimochic SAC, integrada por las empresas Graña y Montero de Perú y Odebrecht de Brasil, entre otros. Aquel día se realizaba la ceremonia de entrega del terreno a la concesionaria para la construcción de la Presa Palo Redondo, valorizada en 347 millones de dólares, además del canal madre Moche – Chicama, de 127 km, la tercera línea del sifón Virú de 3.5 km y la automatización de la toda la infraestructura mayor de riego; todas estas obras valorizadas en conjunto en 715 millones de dólares.
Luego, entre idas y venidas, las obras finalmente empezaron en enero de 2015. Este embalse contaría con una capacidad de 400 millones de metros cúbicos de agua que permitiría garantizar el abastecimiento de agua para los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama y ampliar la frontera agrícola en 63 mil hectáreas.
Pasaron los meses y hasta junio de 2016 ya se tenía un 60 por ciento de avance de la Presa Palo Redondo. Todo hacía indicar que las obras culminarían en mayo de 2018, pero todo se truncó a partir de enero de 2017, cuando Odebrecht abandonó las obras, luego de que en diciembre de 2016 la misma empresa confesó ante la justicia norteamericana que sobornó con cerca de 29 millones de dólares a funcionarios públicos del gobierno peruano entre los años 2005 y 2014, es decir durante los mandatos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala; todo esto como parte de la investigación internacional “Lava Jato”.
Precisamente, como se indicó líneas arriba, la ceremonia de la firma del contrato se realizó en junio de 2014, durante el mandato presidencial de Ollanta Humala y la gestión en el Gobierno Regional de José Murgia. Luego, se corroboró la existencia de anomalías en el documento, debido a que un año después se firmó la primera adenda, durante la gestión vigente del gobernador regional Luis Valdez Farías. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas de sobornos durante el proceso de concesión del proyecto, pues José Murgia indicó que todo el proceso fue dirigido por ProInversión, proceso que fue público.
Según Edilberto Ñique, expresidente de Chavimochic, hasta el día de hoy se ha perdido cerca de 300 mil empleos, entre temporales y permanentes. Cabe indicar que la empresa brasileña se encuentra evaluando la venta de sus activos en el proyecto con el propósito de garantizar la reanudación de las obras, a cargo de otro consorcio, y de esta forma hacer caja para enfrentar sus procesos judiciales además de los pagos por reparaciones civiles.
Por ende, podemos apreciar cómo la corrupción es uno de los grandes problemas que impiden el desarrollo de los ciudadanos y comunidades, porque frenan los procesos, producen cancelaciones de contratos, pérdida de empleos, desestabilización de la economía tanto local como nacional; pero sobre todo la pérdida del sustento diario tanto de los trabajadores que se quedaron sin empleo sino de sus familias, de los proveedores, transportistas y demás personas involucradas en los procesos.